Derechos y obligaciones del ciudadano

1) Resumir los derechos y obligaciones del ciudadano que aparecen en los articulos de la constitución.

2) Relacionar alguna de las notas periodisticas que aparecen debajo con los articulos vistos.


Constitución Nacional Argentina

derechos y deberes de un ciudadano

 

Art. 14.Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Art. 14 bis.-El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Art. 15. En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.


Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

 


Art. 22-El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Art. 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino

Art. 37 Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.


Art. 39 Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Megaminería y medio ambiente, un debate que congeló el oficialismo

Amado Boudou anunció días atrás en el Senado que llevará a la cumbre ambiental Río+20, esta semana, un reclamo por la contaminación que los países desarrollados provocaron en sus colonias: la posición argentina implicará “una nueva lucha contra el imperialismo” , según sus palabras. La megaminería de las multinacionales en provincias gobernadas por kirchneristas y aliados, a cielo abierto y con cianuro para extraer oro y otros metales, quedará a salvo de esa cruzada . El apoyo del Gobierno a esos emprendimientos resistidos por ciudadanos, ecologistas y dirigentes políticos, se manifiesta en el Congreso, con el freno a cualquier iniciativa que procure limitarlos o incluso escuchar las quejas de las poblaciones afectadas.

La Comisión de Minería de Diputados funciona como un tapón para los proyectos que impulsan la prohibición o regulación de la megaminería: la preside el sanjuanino Héctor Tomas, un hombre del gobernador José Luis Gioja. “Esa comisión no se reúne nunca”, cuestionó Pino Solanas, y cargó contra el Gobierno: “Que no sean farsantes, si hay algo que contamina el agua y la atmósfera es la extracción a cielo abierto con cianuro y explosivos, que hoy aumenta en la Argentina”. Una de las pocas veces que funcionó la comisión fue para recibir a jóvenes promineros de La Rioja, en una intención de contrarrestar las fuertes protestas que frenaron el emprendimiento de Osisko en Famatina. Los diputados Fabián Rogel, Inés Brizuela y Doria (UCR), Victoria Donda (FAP) y Carlos Comi (Coalición Civica-ARI) denunciaron que les impidieron el ingreso a esa reunión. “No permitir la participación de los propios diputados es algo gravísimo”, reclamó Brizuela y Doria. Este diario intentó ubicar a Tomas, pero no respondió los llamados. En el Senado, el neuquino Horacio Lores (MPN) cumple un rol similar. “Desde el año pasado venimos pidiendo que se traten nuestros proyectos, pero no hubo respuesta”, se quejó Nito Artaza.

El kirchnerismo también le dio la espalda a una sesión de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados en Famatina: ningún integrante del Frente para la Victoria asistió. “El oficialismo favorece la megaminería y no la controla. Y no da quórum si no se trata un tema que le interesa”, planteó el titular de la comisión, el radical Juan Casañas. Cristina Kirchner no disimuló su posición y consideró “snobs” a los ambientalistas. En caso de impulsar una discusión será por las regalías (menos del 3% de lo extraído), contaron diputados del oficialismo. A eso se habría referido Estela de Carlotto en España, luego de la expropiación de YPF, cuando aseguró que “ahora vendrán las mineras”.

La Presidenta lo sugirió en su discurso en el Congreso, en marzo: “Hay que conocer al país en su totalidad y exigir a las empresas el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en las propias comunidades”. Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz, pidió subir las regalías al 12% . En una audiencia pública, la semana pasada, Gonzalo Strano (de Greenpeace) objetó que ése fuera el eje: “Está demostrado que el daño no puede ser pagado ni con regalías del 50%”. A su vez, a contramano de la “lucha contra el imperialismo” que proclama Boudou, Solanas y el radical Julio Martínez remarcaron que los capitales que dominan el paquete accionario de Barrick Gold y otras mineras coinciden con los de las petroleras que operan en las Islas Malvinas.

Once: "cortinazo" de los comerciantes

Protestaron por las trabas a las importaciones impuestas por la secretaría de Comercio.

Comerciantes del barrio porteño de Once realizaban esta mañana un nuevo "cortinazo" para protestar contra las trabas a las importaciones impuestas por el Gobierno. La protesta comenzó poco antes de las 11 e incluía un corte de tránsito en la esquina de la avenida Corrientes y la calle Pasteur.

Los comerciantes de la zona de Once bajaron las persianas de los negocios a modo de protesta y prevén quedarse en el piquete unas dos horas. El Gobierno viene aplicando trabas a las importaciones para "defender" la industria nacional, según justifican, y para controlar la balanza comercial y de pagos, según informó la agencia DYN.

Esta no fue la primera vez que se manifiestan. La semana pasada cerca de 300 comerciantes habían tomado una medida similar.

 

 

Trata de personas: denuncian un “crecimiento alarmante”

Representantes de la Iglesia católica de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay advirtieron que la región, y especialmente sus zonas fronterizas, no escapan al “crecimiento alarmante” en el mundo de la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de robo y venta de órganos. Además, haciéndose eco de numerosos informes de organismos internacionales y entidades de la sociedad civil, denunciaron “ el turismo sexual infantil que opera tanto en la triple frontera como en grandes ciudades , ofreciendo adolescentes, niñas y niños para servicio sexual de extranjeros y, en numerosos casos, los trafica a otros países de América y Europa Occidental”.

El severo toque de atención está contenido en una declaración que unos 60 obispos y dirigentes laicos de 14 diócesis de la zona mesopotámica difundieron al término del 27º Encuentro de Diócesis de Frontera, que se realizó en Gualeguaychú. Allí trazan un descarnado diagnóstico, donde señalan que “la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son países de origen, captación, destino y tránsito de personas” . En ese sentido, alertan “sobre la existencia de mafias organizadas que recurren, a su vez, a subredes menores, presentes en casi todas nuestras ciudades y pueblos, capitales o del interior”.

La declaración –de más de tres carillas– empieza describiendo las características y señalando la magnitud de la trata de personas. “ Tiene la modalidad de crimen organizado y estructura ‘empresarial’ , maneja una alta movilidad de las personas y considera al ser humano como un bien traficable y vendible según la oferta y la demanda”, dice. Agrega que “su alarmante crecimiento se refleja en un movimiento anual de dinero que supera el del tráfico de armas, convirtiéndola en la segunda actividad criminal más rentable del mundo, después del narcotráfico”.

También se detalla que la trata “implica captar una persona, trasladarla, coaccionarla, venderla, amenazarla, violentarla, usarla y descartarla. Hablamos de violencia física, psicológica, de engaño o pseudos convencimiento, a veces con intervención de familiares o personas con las que la víctima está comprometida afectivamente”. Y se advierte sobre “la desinformación, el desconocimiento y, a veces, la indiferencia, el silencio y aún la insensibilidad que existe en vastos sectores de la sociedad” sobre esta problemática.

No es la única deficiencia que observan los obispos y dirigentes laicos ante esta cuestión. Señalan “la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos chicos, adolescentes y jóvenes, que los colocan en situación de posibles víctimas; la falta de acción de parte de algunas autoridades , aún frente a denuncias concretas, y la corrupción que lleva a la complicidad de quienes tienen que luchar para detener este crimen, que debería ser declarado de lesa humanidad”.

También puntualizan “la falta de herramientas y de coordinaciones adecuadas para una lucha más eficaz: en políticas públicas, en el plano jurídico, en recursos humanos y materiales de las autoridades, en quienes son víctimas directas o indirectas o en quienes, desde su indignación y buena voluntad, quisieran enfrentarse al problema”. Y la carencia en la promoción de valores así como “la imposición, en algunos casos desde programas gubernamentales, de una visión de la sexualidad fundada en el hedonismo”.

Citan, además, como facilitadores o promotores de la trata “los resabios de la cultura machista que denigra y rebaja a la mujer” y “la demanda permanente de los ‘clientes’ del comercio sexual y la impunidad de estos prostituyentes, que con su demanda sostienen este mercado criminal”. Finalmente, se comprometen a adherir al “abolicionismo de la prostitución”

 

 

 

 

 

 

 

 

Repsol inicia su primer juicio por YPF en el país

Repsol ya inició su primera demanda contra el Estado nacional en un tribunal argentino. Reclama que se declare inconstitucional que el Gobierno haya tomado el control de los votos correspondientes al 51% de las acciones de YPF expropiadas antes de haber pagado por esa participación. De hacer lugar a la presentación, la última Asamblea de Accionistas, en la cual se designó una nueva cúpula para la petrolera argentina, se caería.

La presentación fue hecha ante la justicia porteña el 1 de junio . En la compañía española confirman la denuncia, pero se excusan de dar más detalles sobre la misma.

Esta demanda se suma a otra que inició Repsol ante el CIADI, requiriendo una indemnización por la expropiación, a otro que presentó en EE.UU. Y al comenzado en Buenos Aires por accionistas minoritarios de la empresa española, que también reclaman una compensación por la estatización.

Repsol argumenta que la “confiscación” de las acciones es ilegítima por tres “momentos”. El primero, al que llaman la “fase de hostigamiento”, una “campaña de acoso a YPF concertada entre el Estado Nacional y la Provincias”. El segundo, la intervención de la empresa argentina , “que no cumple los mínimos requisitos legales para resultar válida”. El tercero, que es el que señalan como inconstitucional, es el de la “confiscación”.

“Viene dado por la ocupación temporánea de las acciones de Repsol que viola igualmente las más elementales garantías constitucionales –señalan los abogados de la compañía–. Vulnera el derecho de propiedad, por privar a Repsol de los derechos políticos y económicos de sus acciones sin previa indemnización. Es además una medida que infringe la garantía constitucional de igualdad, siendo doblemente discriminatoria porque la ocupación solo afecta a YPF y no a otras sociedades del sector, y, por otro lado, solo se extiende a las acciones de Repsol y no a las de otros socios. Tampoco responde al principio de proporcionalidad o razonabilidad, ya que utiliza la institución de la ocupación temporánea con fines distintos para los que esta prevista.” El reclamo por la “ocupación temporánea” es el mismo a que recurren los ahorristas minoritarios . Esa figura, dicen los abogados de ambas partes, es para casos extremos, “como un ejército que requiere un cuartel en una batalla, o un policía que confisca un taxi para seguir a un ladrón”. Pero aquí no se aplica, aseguran. Por tanto, no se puede separar la facultad del voto de la propiedad de las acciones , no se puede hacer una ocupación temporánea del voto, que es lo que hizo el Gobierno: en la última Asamblea votó con el 51% de las acciones expropiadas, aunque la propiedad aún no fue indemnizada. Ahí exactamente centran su reclamo.

Venezuela quiere limitar el concepto de propiedad privada

En el nuevo borrador para el proyecto de Ley de Propiedad Social, los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional (AN) barajan la posibilidad de establecer que la propiedad privada "seá reconocida sobre bienes de uso, consumo, goce y disposición y medios de producción legítimamente adquiridos". Es decir que si finalmente se aprueba, todos los ciudadanos tendrán que demostrar la utilización del bien -mueble o inmueble- que posee. De lo contrario podrá pasar a manos del Estado.

Según explica el abogado José Vicente Haro al diario venezolano "El Universal", el artículo 5 de este anteproyecto de ley condiciona el reconocimiento de la propiedad privada a su utilización, recuperando la propuesta presidencial de reforma a la Constitución que los venezolanos rechazaron en el referendum del 2007.

"Se restringe el concepto de propiedad privada a su mínima expresión. La Constitución vigente garantiza el derecho a poseer bienes sin ningún límite de cantidad. De aprobarse la ley, la propiedad privada se reconocerá a través de una opinión del Estado siempre y cuando los bienes estén siendo usados", denuncia en "El Universal" el abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Y pone un claro ejemplo: "Si tienes un apartamento y eventualmente decides venderlo, tendrás que demostrar que su uso era continuo, ininterrumpido. Además, tendrás que probar que lo posees desde el tiempo que el Estado considere necesario".

De aprobarse, los órganos con los que contaría el gobierno de Chávez para aplicar la ley serían el Instituto Nacional de Tierras (INTI), los registros subalternos y las notarías, que notificarían la condición de los bienes para que sea reconocida la propiedad privada.
Haro advierte que se trataría de una ley inconstitucional que mantiene la existencia de la propiedad colectiva, con una naturaleza de propiedad privada: quien utilice un apartamento dentro de una propiedad colectiva podrá disfrutarlo de forma privada, "pero no disponer de él, ni venderlo o hipotecarlo".

 

El Municipio evalúa un proyecto de ley presentado por Gómez Bull

El documento presentado por Gómez Bull es una de las nuevas propuestas tendientes a canalizar la necesidad de expansión de la ciudad, para que los vecinos que ya habitan en sectores fuera de zona urbana puedan acceder a la instalación de servicios y otros beneficios de infraestructura que la Comuna provee para mejorar la calidad de vida.
Distintas acciones se llevan a cabo desde el Municipio para expandir el área urbana, como acelerar los pasos previos para que se materialice la cesión de tierras de la Armada Argentina; trabajar en el proyecto de urbanización del barrio Bicentenario; y recibir nuevas alternativas como la que esta oportunidad presentó el Legislador.
“En este caso en particular no se trató la posibilidad de entregar nuevos terrenos, sino de mejorar las condiciones de los que habitan en lugares periféricos y por tanto no gozan de toda la infraestructura propia de la urbanización”, explicó Martínez.
En este sentido especificó que el proyecto de ley en cuestión cubre a alrededor de 6000 hectáreas que ya están ocupadas. “Apunta a que se realicen las gestiones pertinentes para que la gente que vive en el lugar o es propietaria de lotes tenga el respaldo y garantía de que las tierras están organizadas de tal forma que luego se posibilitarán sin inconvenientes obras como construcción de cloacas e instalación de  gas, luz y agua, entre otras”.
Posteriormente comentó que la documentación será estudiada por profesionales del área de Planificación de la Secretaría de Obras Públicas. “Tenemos gente capacitada para ello, que seguramente evaluará cuál es la mejor forma de administrar las tierras para hacer una organización acorde y ajustarnos a la realidad de una ciudad que crece día a día”.
Cabe destacar que la ampliación de zona urbana debe ser aprobada desde la Cámara de Diputados de la provincia. “Nosotros actuamos como agentes de asesoramiento en la etapa del proyecto y colaboramos  para llegar a un consenso. Una vez aprobada la normativa, somos los responsables de materializar las obras”, concluyó.

 

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